Posteado por: rbtwin | 6 mayo, 2013

Jóvenes maltratadores – Taller

 

MALTRATO EN LAS RELACIONES PATERNO FILIALES

TALLER 2 Jóvenes maltratadores.

Serafín Martín Corral

La violencia ejercida por menores en el ámbito familiar comienza a ser una cuestión socialmente visualizada a través de los medios de comunicación, sobre la que va creciendo una mayor preocupación y sensibilización. Sin embargo, debemos de ser cautelosos sobre el tema porque representa un fenómeno con características muy dispares y es relativamente poco conocido. Surge como un problema individual y social sobre el que faltan tanto investigaciones como el afianzamiento de estrategias de intervención diseñadas específicamente para el mismo.

En este taller intentaré examinar tres aspectos: apuntar en primer lugar algunas reflexiones sobre la diversidad del problema, un segundo punto donde se recogen algunas de las características que presenta el fenómeno, y un tercer apartado sobre algunas formas de intervención desde la justicia de menores.

1.- Diversidad del fenómeno.

Resulta difícil anticipar conclusiones respecto a esta cuestión en una sociedad como la que vivimos, que tolera mal la frustración, soporta mal las contrariedades y ofrece todo tipo de artilugios materiales frente a las necesidades de atención personal, aportando un modelaje inadecuado para el aprendizaje adolescente sobre la frustración y el duelo psicológico por las pérdidas de la infancia en el camino hacia la edad adulta. Desde la práctica clínica de los equipos técnicos de la Fiscalía y Juzgados de menores quizá sepueda apuntar hoy en día que las expresiones de violencia de los menores en la familia, dirigidas contra los progenitores no responden a un origen unívoco, ni a un solo tipo de etiología, y tienen además manifestaciones muy diferentes. Aunque para la ocasión nos preocupemos sobre todo de factores relacionales familiares e individuales, los factores de riesgo de la violencia juvenil son tanto contextuales y comunitarios como relacionales y personales. Son problemas que naturalmente se reproducen en las relaciones interpersonales familiares, con expresiones a menudo confusas y poco claras, y con narraciones de los implicados dirigidas sobre todo a una puntuación interesada del discurso sobre el conflicto y a las culpabilizaciones cruzadas.

Intentaré agrupar una casuística diversa en grupos que participan de algunas características comunes. Dicha agrupación permite, por otra parte, establecer un punto de reflexión acerca de la diversidad del origen y las modalidades de esta violencia. En la mayoría de los asuntos encontramos adolescentes que no soportan el “no” y reaccionan con actuación de la rabia frente a ello; en los que predominan las “actuaciones” que se soportan en procesos mentales poco elaborados y mecanismos de defensa primarios.

a.- Menores con actuaciones violentas contra los progenitores, cuyo detonante más perceptible es la adicción del adolescente a determinados tóxicos. Suelen coincidir con menores que hasta la adolescencia no han presentado conductas especialmente problemáticas. El comienzo de la adolescencia de estos menores se asocia a cambios radicales de comportamiento, a un inicio del consumo de tóxicos que se acompaña, entre otros síntomas, de un progresivo deterioro de las relaciones entre el menor y los progenitores. Destaca una progresión del comportamiento trasgresor del menor con pérdida de autoridad de las figuras parentales. Menores que no han podido aprender la capacidad de espera y la demora de la satisfacción y demandan mágica y urgentemente una solución o satisfacción inmediata. Adolescente que huyen hacia adelante con tendencia a la pseudomadurez, con características de omnipotencia y narcisismo. Estos supuestos suelen vincularse también a comportamientos disociales en otros ámbitos de desarrollo y a conflictos en los diferentes entornos de relación.

b.- Menores de familias con dinámica relacional conflictiva de larga trayectoria. Supuestos en los que el entorno familiar del menor está saturado de conflictos. Presencia de violencia entre los progenitores, del padre hacia la madre habitualmente. Posible separación conyugal, divorcio, situaciones repetidas de riesgo y desprotección para el menor, etc.

Una característica relevante del conflicto entre los progenitores suele ser la desautorización y desvalorización mutua, respecto a las responsabilidades educativas sobre los hijos. Tanto la madre respecto al padre como viceversa se han desacreditado ante los hijos desde la infancia de estos, habiéndose devaluado o perdido las funciones de modelaje, autoridad, etc. Al menor que ha padecido violencia dentro de su familia no se le ha permitido organizar figuras internas de seguridad y satisfacción y puede que responda con violencia como forma de protección frente a la propia inseguridad.

c.- Familias con figuras de autoridad desdibujadas, menores que han vivido desde la primera infancia con carencias de pautas y limites claros. Figuras parentales asustadas y frágiles: figura paterna maternalizada ocupada del rol emocional, pero escondida frente al rol de autoridad, confusión de roles y falta de competencia para colocar al menor frente a la norma como fundamento organizador de la vida externa e interna. En ocasiones sucede en familias monoparentales en las que el progenitor tiende a servirse inadecuadamente del menor como soporte emocional y este puede ejercer un rol generacional impropio, asumiendo como contraprestación prerrogativas que no le corresponden. Otras veces su función es la de unión de la pareja, para que esta no se disuelva. Menores con padres que confunden el ejercicio de la autoridad y de la represión necesaria con el ejercicio del autoritarismo, desprotegiendo al menor con una permisividad complaciente y dañina.

Suelen caracterizarse como menores arraigados en el logro de satisfacciones infantiles con un movimiento adolescente regresivo.

d.- Supuestos de menores adoptados en los que la adopción emocional no parece estar adecuadamente elaborada y presentan problemas de vinculación emocional. Posiblemente este no sea un grupo significativo dentro de la casuística general, y mucho menos dentro de las adopciones; pero si aparece un número notable de menores adoptados, que en la adolescencia, si no antes, se revelan y entran en conflicto con las figuras parentales. La separación que todo adolescente comienza a hacer de sus padres, sufre en estos casos una crisis y tiene una radicalidad desestabilizadora del menor y de la familia. Situaciones en las que ni los padres ni el contexto parecen disponer de recursos psicológicos suficientes para abordar el conflicto, para resituar al menor y contener las expresiones emocionales y las conductas violentas que presenta. Aparecen en estos casos problemas de vinculación afectiva, reproches y rechazo de los adoptantes como figuras emocionales y normativas, sentimientos de impotencia de los padres, etc.

e.- Menores que presentan dificultades o trastornos psicológicos desde la primera infancia: déficit de atención e hiperactividad o trastornos más graves. También hijos nunca queridos, que no han tenido una figura familiar que ofreciera cariño y afecto. Entre los principales factores de personalidad y del comportamiento violento juvenil se encuentra la hiperactividad, la impulsividad y el control deficiente del comportamiento y los problemas de atención. Menores que, a pesar de la ayuda recibida, o de la que han carecido, irrumpen en la adolescencia con un plus en la intensidad de las conductas transgresoras y violentas hacia las figuras parentales. Los problemas de conducta interrelacional parecen presentes desde la infancia, pero su intensidad y frecuencia se amplifica en la adolescencia, tanto en el ámbito familiar, como en otros entornos.

2.- Características del fenómeno.

No existe un patrón único de respuesta entre los menores que responden con violencia frente a las figuras parentales, hay algunos menores cuya trasgresión está centrada fundamentalmente en la dinámica del conflicto familiar (d, a veces c); en otros casos el adolescente presenta un comportamiento disocial más general y que reproduce el conflicto en entornos y situaciones muy diferentes(a, b, e).

En relación al género se constata que la mayoría de los menores denunciados corresponden a adolescentes varones, apareciendo un numero muy reducido de mujeres. Tenemos, por otra parte, que el mayor numero de denuncias corresponde a agresiones realizadas contra las madres; en algunos casos participa también como víctima directa el padre, y hay casos que la violencia se dirige hacia algún hermano menor; pero predominan claramente las agresiones que se dirigen contra la madre.

Los comportamientos violentos generalmente tienen un patrón de progresión; suelen aparecer primeramente las agresiones psicológicas; insultos, amenazas, chantajes, exigencias, etc.; aparece la violencia contra objetos, deterioro y destrozo mobiliario y finalmente agresiones físicas, como empujones y golpes.

La familia suele interponer la denuncia cuando aparecen o se repiten las agresiones físicas; si bien algunos casos también formulan denuncia cuando han perdido la capacidad de control y de contención del hijo y este funciona con absoluta autonomía sin atenerse a horarios de entrada y salida, abandono de responsabilidades, etc., y se asocia además alguna conducta de violencia psicológica.

Muchos estudios revelan que la agresividad en la infancia es un buen predictor de la agresividad en la adolescencia.

Un grupo importante de los menores denunciados vive con uno solo de los progenitores, con la madre la mayoría de las veces, simultáneamente el padre suele estar ausente o, si se encuentra próximo, no asume la convivencia con el menor cuando se ha sugerido, por algún tipo de imposibilidad del propio progenitor o por rechazo del menor de esa opción. No es infrecuente que el padre haya perdido ascendencia respecto al menor, bien porque ha sido excluido, bien porque se ha alejado.

Hay menores cuyo comportamiento trasgresor se manifiesta solamente en el conflicto de relación con las figuras parentales; se encuentran integrados en un recurso formativo reglado, con relaciones aceptables en su entorno y quizás con relaciones normalizadas con otras figuras de la familia extensa. Si bien, las tensiones del menor en el conflicto familiar suelen extenderse a la relación con otras figuras de autoridad, apareciendo, por ejemplo, dificultades en las relaciones con profesores o con otros adultos cercanos. Cuando el conflicto se

generaliza a otras figuras de autoridad tiende a coincidir con dificultades y deterioro del proceso académico.

Hay progenitores que denuncian con finalidad instrumental; no desean tanto un proceso penal para los hijos, como que se les asuste para que cambien y no repitan esa conducta. Otras veces se debaten en la ambivalencia emocional, oscilante entre la denuncia con petición de alejamiento del hijo en momentos de crisis y la solicitud de reintegración familiar precipitada, cuando ha transcurrido un periodo de separación y se recuperado cierta calma.

3.- Alternativas y recursos de intervención.

La evaluación de las conductas violentas denunciadas de los hijos contra los progenitores se lleva a cabo por el equipo técnico en circunstancias particulares: el motivo viene precedido por una denuncia de los propios progenitores del menor, la exploración se lleva a cabo en el contexto y jurisdicción penal de menores, y el propósito es la adopción de una medida judicial sancionadora educativa, que habrá de ajustarse a la conducta delictiva específica por una parte y, por otra, a las condiciones personales, sociales y educativas que presenta el menor. Todo ello con el propósito de facilitar el cambio y un reaprendizaje social.

La llamada de los progenitores a la jurisdicción penal de menores es una petición de ayuda a la última instancia de control social. Ocasionalmente también se produce alguna perversión puntual que emplea esa llamada como primer reclamo de ayuda para delegar la responsabilidad parental. Esto equivale a considerar que los recursos educativos, sociales y de salud, si se han utilizado previamente no han encontrado solución satisfactoria para las conductas violentas que presenta el menor. Se presupone, por tanto, que la gran mayoría de denuncias por haber sufrido violencia de los hijos, no se referirán a cuestiones baladíes.

La evaluación del equipo técnico, del menor sujeto de la conducta violenta denunciada contemplará naturalmente la gravedad, cronicidad y comorbilidad de la misma; pero esa exploración no se limitará solamente a la conducta señalada. Estudiará también los contextos del menor, el educativo y social y especialmente en este caso, el familiar.

Al diseñar programas para abordar y prevenir la violencia adolescente es importante abordar no solo los aspectos individuales cognoscitivos, emocionales, conductuales y sociales; sino también el sistema familiar y social que configuran estos factores.

La propuesta de intervención profesional que se realiza a partir de la exploración efectuada, aunque acotada por la norma penal, goza de un abanico de posibilidades, alguna de las cuales examinaremos a continuación.

a.- Posibilidad de abordaje del caso como procedimiento extrajudicial a través de un programa de mediación. Tal abordaje exigirá naturalmente la presencia de determinadas características:

.- Que el menor reconozca su participación y asuma como propia la conducta violenta contra los progenitores que se ha denunciado

.- Disposición del menor a abordar el conflicto generado con dicha conducta y a trabajar en la búsqueda de alternativas.

.- Disposición de los progenitores a examinar el conflicto con el menor y a trabajar también en la búsqueda de alternativas para la resolución del conflicto. Sin esa implicación y presencia activa de los progenitores no habrá manera de abordar el conflicto con todos los integrantes del mismo y la respuesta quedará simplificada a una reparación indirecta del menor. La mediación con el grupo familiar será más o menos prolongada en el tiempo y podrá implementar diversos compromisos: abordaje exclusivo y global de los diferentes aspectos del conflicto sólo con el mediador; abordaje parcial del conflicto con el mediador y compromiso con este para implicarse simultáneamente en otros programas o servicios que aborden la cuestión, etc.

b.- Una vez que se inicia la vía judicial, el informe de asesoramiento del equipo técnico informará acerca del menor y sus circunstancias y propondrá una medida de las contempladas en la Ley, que se ajuste al interés y a las necesidades del menor; el Ministerio Fiscal decidirá si la solicita como acusación y el Juez la acordará si aprecia prueba condenatoria.

La conducta violenta de los menores hacia los progenitores está inserta en un sistema de interrelaciones de todos los miembros de la familia y representa un comportamiento emergente, siendo con frecuencia parte de un conflicto más complejo que la conducta contemplada por la jurisdicción penal. La decisión penal no conlleva un abordaje holístico, ni integral. Las medidas que se desprendan del abordaje penal solamente obligarán al menor respecto a la conducta denunciada y en función de las necesidades educativas individuales que presente. Esto naturalmente supone una limitación para intervenir adecuadamente con este tipo de conflictos y problemas familiares.

Del abanico de medidas posibles desde la jurisdicción penal de menores analizaremos algunas de ellas estrechamente relacionadas con la conducta que estamos examinando.

b. 1.- Separación del menor del grupo familiar. Algunos criterios para asesorar esa separación: Cuando se aprecie situación de desamparo para el menor (menores agredidos, abandonados, no queridos, etc.); cuando se estime riesgo evidente de repetición de las conductas violentas hacia progenitores o hermanos y las consecuencias sean importantes, falta de ascendencia mínima de las figuras familiares adultas y no aceptación ni cumplimiento del menor de las normas básicas de convivencia.

La consecuencia de la presencia de tales criterios conllevará una posible propuesta del equipo psicosocial para que el menor salga del domicilio familiar, derivándose tres posibles alternativas:

.- convivencia con otro progenitor si media separación; o con otro familiar dispuesto a asumir dicha responsabilidad.

.- convivencia con grupo educativo de protección. .- convivencia con otra persona, familia o grupo educativo de “reforma”.

Hay otros supuestos en los que la medida de alejamiento está solicitada por la propia familia y se adopta la misma, no tanto por las características y necesidades educativas del menor, sino por imperativo legal. Esto puede suponer, en determinadas circunstancias, una medida que refuerce la designación del menor como “chivo expiatorio” dentro del conflicto familiar y una percepción del propio menor de ser tratado injustamente.

Los recursos para las medidas residenciales que acuerda la L.O. 5/2000; “convivencia con otra persona o familia”, no están disponibles, y no sólo en nuestra comunidad, sino de forma general. Ha sido una medida con escasa aplicación, quizás por la falta del recurso y también porque las pocas experiencias habidas han derivado en fracasos.

El recurso de grupo educativo de reforma se tiende a interpretar como un internamiento en régimen abierto. La dificultad estriba en qué grupo ofrecer a un menor acusado de conductas violentas contra sus padres cuando no median otras actuaciones disociales y se encuentra relativamente integrado en el medio escolar y en el entorno social. Por otra parte, según mi criterio, no cabe entender la convivencia en grupo educativo similar a una medida de internamiento en régimen semiabierto, ni que dadas las circunstancias, por el lugar que se lleve a cabo, desarraigue al menor de su entorno, si eso no es un objetivo.

b.2.- Las intervenciones más habituales contra la violencia de los adolescentes se guían por el propósito de incrementar la influencia de los factores positivos y protectores, con la implementación de habilidades, actitudes, creencias y comportamientos proactivos.

Los programas dirigidos al desarrollo de tareas socioeducativas para reducir la violencia del menor contra los progenitores, tanto como la expresada en otros ámbitos, desarrollan estrategias diferentes y suelen concentrarse en algunos de los siguientes aspectos para ser eficaces en la prevención de la violencia:

.- control de la ira .- solucionar conflictos .- aumentar resistencia ante las contrariedades .- habilidades para resolver problemas de relación .- desarrollar competencias prosociales.

Estas estrategias se planifican con una orientación naturalmente individual y adaptadas al menor que ha sido penalmente sancionado, pero no pierden de vista la solicitud de colaboración y participación directa de la familia cuando accede a ello.

b.3.- Estrategias terapéuticas y de otros tipos

El tratamiento psicoterapéutico orientado individualmente tiene muchas formas de llevarlo a cabo, pero prevalece un objetivo común, el de mejorar la comunicación e interacción entre el menor y sus progenitores. Cabe también contemplar otros objetivos según las características y necesidades del caso, como facilitar recursos para un mejor control individual y familiar de estreses ambientales y para un mejor empleo de los recursos sanitarios y sociales.

Los programas de terapia familiar, aunque costosos, a menudo resultan más eficaces que los programas de psicoterapia individual; pero como tales programas no pueden ser directamente prescritos desde este ámbito. Habrá de ser la propia familia quien se incorpore al mismo voluntariamente.

La medida de psicoterapia tendrá que ser voluntariamente aceptada por el menor, ya que si este se opone a tal medida el juez habrá de acordar otra medida diferente. Aceptar la medida de tratamiento conlleva que el adolescente acuda al centro que se le designe con la periodicidad que prescriba el terapeuta que le atiende. Puede ser acordada como medida única o como complemento de otra medida. Lo más frecuente es que la misma sea una obligación de una medida de libertad vigilada.

Los conflictos del adolescente con la familia suelen necesitar siempre estrategias de intervención global y la medida de libertad vigilada ofrece condiciones más favorables para ese propósito.

Algunas dificultades asociadas a la medida de tratamiento:. Actualmente no hay servicios con experiencias y programas específicos para estos problemas derivados desde la jurisdicción penal. Hay que reconocer por otro lado, el surgimiento reciente de varias alternativas en nuestro entorno más próximo.

La participación de la familia, aunque resulte paradójico, no esta siempre ni mucho menos garantizada. Hay progenitores desinteresados en prestar su colaboración por diversos motivos; por desafecto, por conflictos propios, por sentirse agotados y derrotados después de los esfuerzos e intentos invertidos a lo largo del tiempo, por haber ensayado ya actuaciones sociales, otros tratamientos, etc.

Los adolescentes que presentan consumos de tóxicos requerirán una estrategia específica para llevar a cabo programas dirigidos específicamente a la deshabituación y tratamiento de tales problemas. Los adolescentes adoptados que presentan conductas violentas sobre los padres, con ruptura de las relaciones, necesitan también programas de intervención específica para ellos y sus familias. Programas que desde el ámbito de protección de menores, deberían estar insertos en estrategias de seguimiento e intervención de las dificultades y problemas específicos de la adopción a lo largo del tiempo.

En conclusión, la violencia de los menores hacia los progenitores tiene un origen y unas manifestaciones diversas y para hacer frente a los conflictos y problemas relacionados y asociados a esas conductas violentas, son necesarias estrategias globales de intervención, que aborden el conflicto en las dimensiones personal y familiar. Para lo cual se hace imprescindible la colaboración, cuando no la incorporación directa de la familia a los programas de intervención.

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